Ley Orgánica
Una Ley Orgánica, frente a una Ley ordinaria, es aquella que se encuentra
en un nivel jerárquico superior,
o que se requiere
constitucionalmente para regular
ciertas materias. Son necesarios unos requisitos
extraordinarios para su aprobación (por ejemplo, mayoría
absoluta o cualificada, en lugar de mayoría
ordinaria).
En los países
en donde existe este escalón
intermedio entre la Ley y la Constitución es normal
que se limite su aplicación a una serie de materias
concretas (a este también se le denomina
reserva de Ley orgánica). El
fundamento de esta limitación es doble:
• Obligar a la regulación con amplia mayoría
parlamentaria de ciertas materias
muy sensibles.
• Evitar esa regulación, que es mucho más difícil
de modificar, en otro tipo de materias
más cambiantes y que necesitan de mayor flexibilidad en su regulación.
Ley Ordinaria
La Ley Ordinaria constituye, generalmente, el tercer escalón en la jerarquía jurídica
de un Estado,
tras la Constitución y las leyes orgánicas.
Su aprobación corresponde al poder legislativo, normalmente, por mayoría simple. En los sistemas
democráticos el poder legislativo reside en la parlamento elegido por sufragio universal. La aprobación de las leyes se puede realizar
por votación en el Pleno de la Cámara, o por alguna
de las Comisiones Legislativas
que puede tener.
Reglamento
El reglamento es
una norma jurídica
de carácter general
dictada por la Administración Pública. Su rango en el orden jerárquico es inmediatamente inferior
a la ley y, generalmente, la desarrolla o complementa.
Por lo tanto,
según la mayoría
de la doctrina, se trata de una de las fuentes del Derecho, formando pues parte del ordenamiento jurídico.
Los reglamentos se pueden clasificar en:
1. Estatales o no estatales, en función de qué ádministración territorial los dicta.
2. Ejecutivos, que son aquellos que desarrollan una norma legal ya existente
y son emitidos por el Poder
Ejecutivo; independientes, que son los que, aún no existiendo una norma legal que complementar, regulan una actividad que merece atención
jurídica, y los llamados de necesidad, esto es, aquellos dictados como consecuencia de un estado
extraordinario para el cual se necesitan disposiciones rápidas. En este último caso, parte
de la doctrina comparada establece la posibilidad de que estos últimos puedan poner en suspenso normas
con rango de ley, confundiéndoseles con los decretos
de urgencia.
Decreto
Un decreto es un tipo de acto administrativo emanado habitualmente del poder ejecutivo
y que, generalmente, posee un contenido normativo
reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior
a las leyes.
Esta regla
general tiene sus excepciones en casi todas las legislaciones, normalmente para situaciones de urgente necesidad, y algunas otras específicamente tasadas
En
España existen distintos tipos de decretos:
1. El Real Decreto Legislativo[1] (Art. 82, 83, 84 y 85 de la Constitución) es una norma con rango de ley en la cual el parlamento ha delegado expresamente en el gobierno para redactarla. Se suele dar el
caso en normas que tengan
un carácter técnico
y no político, o en el caso que refunda
leyes
existentes (recoge
leyes existentes y las funde
en un único texto pero sin variar
su contenido).
El Real Decreto Ley[1] (Art. 86 de la Constitución) también
es una norma con rango de ley, pero se diferencia del Decreto Legislativo en que es dictada
por el ejecutivo estatal sin previa autorización expresa del parlamento, por motivos de extrema urgencia
o necesidad. Deben ser ratificados por el Congreso en 30 días, y no podrán afectar
al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado,
a los derechos, deberes
y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas
ni al Derecho electoral general
El Real Decreto[1] es la forma que adoptan las decisiones del Presidente del Gobierno, y los acuerdos del Consejo de Ministros
(normas con rango reglamentario).
El Decreto ministerial es
el que emite un ministro dentro de sus competencias. Debido a su dependencia jerárquica, no puede ser contrario a un Real Decreto.
El Decreto del Consejo de Gobierno, que es a nivel autonómico, lo que el Real Decreto al Consejo de Ministros, es decir, el reglamento de mayor rango que emite el ejecutivo
autonómico en el ámbito de sus
competencias.
La palabra "Real" hace referencia a que es el propio
Rey quien sanciona y ordena publicar
dicho decreto (en el caso de los Decretos autonómicos no se da esta circunstancia)
Real Decreto
En el sistema
jurídico
español, un Real
Decreto es una norma jurídica con rango de reglamento, que emana del
poder ejecutivo (Gobierno) en virtud
de las competencias al mismo atribuidas por la Constitución. Se sitúa en
el orden de prelación de las normas
jurídicas inmediatamente después
de las normas con rango de Ley y antes de la Orden ministerial.
Su diferencia con la primera
es que emana del poder ejecutivo y no del poder legislativo. Su diferencia con la
segunda es que el Real Decreto precisa
para su adopción de la aprobación por el Presidente del Gobierno o del
acuerdo del Consejo de Ministros, mientras que la Orden ministerial puede establecerse por parte de un
solo ministerio.
Tanto los Reales
Decretos como las Órdenes Ministeriales integran la potestad reglamentaria de la Administración Pública.
Los reglamentos, en virtud
del principio de jerarquía normativa, no pueden contradecir lo dispuesto en las leyes, y la Constitución prohíbe que regulen
una serie de materias que reserva a la ley.
Real Decreto
Legislativo
es una norma jurídica con rango de ley, propia de países con monarquía
parlamentaria, que emana del poder ejecutivo en virtud
de delegación expresa
efectuada por el poder
legislativo.
La técnica del Real Decreto legislativo tiene su función
en diversos ámbitos:
1. Para la elaboración de textos refundidos de diversas leyes, favoreciendo la compilación en un sólo cuerpo legal de distintas
normas jurídicas dispersas.
2.
Para la elaboración de textos articulados, habiendo aprobado
previamente el poder legislativo una Ley
de Bases que sirve como marco de referencia y límite.
Real Decreto Ley
El Real Decreto
Ley es una norma jurídica con rango de ley, propia de países con monarquía parlamentaria, que emana del poder ejecutivo
y es dictada en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Requiere de
posterior convalidación o ratificación de parte del poder legislativo, habitualmente en un plazo breve.
Es importante resaltar
que en el caso español,
la norma en sí no es ratificada por el Congreso de los Diputados. En realidad, el Congreso se limita a ratificar la situación de urgencia que ha llevado
a la promulgación de la norma.
El resultado final es el mismo, pero la tramitación es mucho más rápida y se evitan debates parlamentarios.
Orden ministerial
Norma
reglamentaria que emana de cualquiera de los Ministros del Gobierno del Estado, a nivel individual. Jerárquicamente se sitúa por debajo del Real Decreto
del presidente y del Real Decreto del Consejo de Ministros.
Potestad
reglamentaria
La Potestad reglamentaria es la prerrogativa por la que las administraciones públicas pueden crear
normas con rango reglamentario, es decir, normas
subordinadas a las leyes, ya sean reglamentos, decretos o
instrucciones.
No es privativa
del Poder Ejecutivo, otros órganos
también pueden ejercerla. Así por ejemplo,
las Cámaras del Parlamento, o Tribunales Superiores de Justicia. No obstante ello, la potestad
reglamentaria está radicada principalmente en el Ejecutivo.
Almoradí es gobernada por una corporación local formada por concejales elegidos cada cuatro años por sufragio universal que a su vez eligen un alcalde. El censo electoral está compuesto por todos los residentes empadronados en Almoradí mayores de 18 años y nacionales de España y de los otros países miembros de la Unión Europea. Según lo dispuesto en la Ley del Régimen Electoral General, que establece el número de concejales elegibles en función de la población del municipio, la Corporación Municipal de Almoradí está formada por 17 concejales. La sede actual del ayuntamiento almoradidense, inaugurada en 1983, está en la plaza de la Constitución. El Ayuntamiento de Almoradí está actualmente presidido por el PP y consta de 10 concejales de este partido, 4 del PSOE y 3 de IU.
