Otro frente se abrirá al Gobierno de Mariano
Rajoy si no hay una rectificación por su parte. Esta vez
son los guardias civiles los que están dispuestos a salir calle en defensa de
sus derechos en el supuesto de que el Ejecutivo siga adelante con la propuesta
que ha planteado la cúpula militar del Instituto Armado a los agentes: un
aumento de la jornada laboral
a 48 horas. Así consta en el borrador, al que ha tenido acceso Vozpópuli,
de una próxima Orden General, que modifica la anterior (la 4/2010)
en lo que se refiere al tiempo máximo de prestación del servicio y periodos de
referencia para
su cálculo, y descanso diario. A juicio del director Adjunto Operativo de
la Guardia Civil (DAO), el teniente general Cándido Cardiel,
al frente del principal órgano colaborador del director general de la
Institución, Arsenio Fernández de Mesa (PP), tales
circunstancias que ahora
son revisadas “si bien se venían aplicando correctamente en la práctica, no
tenían un sustento normativo adecuado”.
El borrador introduce en la sección primera, la
relativa a los conceptos generales (objeto, ámbito de aplicación y definiciones
de jornada de trabajo y horario de servicio) una disposición sexta en la que
abre la puerta a la ampliación a 48 horas de la jornada laboralde
los guardias civiles, actualmente en 37 horas
y media. En concreto, el apartado tercero de la citada disposición
dice: “Se establece una duración máxima del tiempo efectivo de servicio, como
promedio trimestral, de 48 horas semanales. Para el cálculo de dicho promedio
se tomarán como referencia los trimestres naturales, sin tener en cuenta
los días disfrutados de vacaciones y permisos y las ausencias por baja médica”.
Y el apartado cuarto añade: “Se entiende que un efectivo está disponible para
prestar servicio desde el momento en que alguna unidad, centro u organismo de
la Guardia Civil le puede nombrar servicio”. La futura redacción también deroga
la Orden General 37/1997, de 23 de septiembre, sobre
Regulación del Régimen de Prestación del Servicio.
El texto que la Dirección General del Instituto
Armado remitió en un primer momento a los asistentes al Consejo de la Guardia
Civil para
su discusión es distinto al que se han encontrado luego sobre la mesa
su discusión es distinto al que se han encontrado luego sobre la mesa
Estos cambios normativos, aún en fase de
negociación, se han expuesto a los representantes de asociaciones que
velan por los derechos de estos funcionarios, reunidos en torno al Consejo de
la Guardia Civil. Según fuentes conocedoras de estas conversaciones, el texto
que la Dirección General del Instituto Armado remitió a los asistentes para
su discusión es distinto al que se han encontrado luego sobre la mesa,
el cual incorpora “cambios que distorsionan sensiblemente el contenido de la
propuesta inicial”. Tal fue la sorpresa de estos colectivos, al encontrarse un
texto sustancialmente alterado, que señalaron que ni siquiera habrían acudido
al Consejo de tener previa constancia de tales intenciones “abusivas”
de la Dirección General.
Una medida para cubrir la baja tasa de
reposición
Desde la Asociación
Unificada de Guardias Civiles (AUGC) consideran que el borrador
supone un “retroceso a los años ochenta” en la regulación de las condiciones
sociolaborales de los agentes. Así, creen que de materializarse esta propuesta,
que achacan sobre todo a la cúpula militar del Cuerpo, sería “la gota que colma
el vaso” para iniciar
una “movilización que sería histórica”. Fuentes de este colectivo denuncian que
la Guardia Civil “es el Cuerpo peor pagado y el que más horas
trabaja” y recuerdan que en los últimos años el Ejecutivo les ha “bajado el
sueldo un 5% y quitado una paga extraordinaria”.
También critican que se les ha recortado el derecho
a la libertad de expresión. Las mismas fuentes creen que detrás de
esta medida que alargaría la jornada laboral
está la escasa oferta
de empleo público para suplir las bajas que se producen en el Cuerpo. Si en
2012 fueron 4.500 los agentes de Guardia Civil y Policía Nacional que
abandonaron estas fuerzas de seguridad, la tasa de reposición aplicada por el
Gobierno de Rajoy se ha situado en apenas un 10%.
Además, desde AUGC advierten al Ejecutivo de que
Bruselas ya abrió expediente a España hace ahora un año por el
incumplimiento de la directiva 2003/88/CE relativa a determinados
aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. La demanda fue interpuesta por
este colectivo al aprobarse la citada Orden General 4/20120 que regulaba la
jornada laboral de los guardias civiles y que excluía de este
derecho a los mandos, unidades de policía judicial y equipos de
investigación. Asimismo, la directiva alude a la aplicación de medidas para
promover la mejora de la seguridad y de la salud de los
trabajadores, en concreto del personal
no civil de las Administraciones Públicas.
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