Moncloa aprueba la oferta pública de empleo y se guarda una extraordinaria
El Gobierno aprobará el viernes la oferta de empleo público para 2015. Según les informó este miércoles el Ejecutivo a los sindicatos, el Estado ofertará 2.952 nuevas plazas, una remesa que representa el 50% de la tasa de reposición de algunos servicios básicos y que ya se comprometió en los presupuestos. No obstante, al margen de las cifras previstas, Mariano Rajoy se ha reservado una convocatoria extraordinaria que anunciará en unos meses.
El próximo consejo de ministros sacará adelante un fuerte refuerzo del sector judicial (1.033 plazas nuevas), esto es, el 35% de la totalidad de la oferta. El resto de nuevos funcionarios se incorporarán a la lucha contra el fraude fiscal y laboral (560 plazas), control de asignación de recursos (285), instituciones penitenciarias (232) o, entre otros, defensa (173).
Niveles de antes de la crisis
La cifra supone triplicar la oferta pública de 2014, si bien ni siquiera iguala el número de bajas que se produjeron y que asciende a 6.520 personas entre jubilaciones o fallecimientos. Es más, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), el número de asalariados en el sector público en el cuarto trimestre fue de 2.927.500, mientras que en 2007, el dato era ligeramente superior (2.969.500).
El adelgazamiento de las plantillas públicas no es casualidad. Según los planes del Ejecutivo, la reforma de las Administraciones (Cora) logrará un ahorro de 37.620 millones de euros entre 2012 y 2015. En este sentido, conviene recordar que, en el mes de enero, el Gobierno anunció que ya había economizado 18.000 millones, después de haber ejecutado el 85% de las propuestas.
Para los sindicatos ni las razones ni la oferta es suficiente y destacan que, en algunos sectores la saturación de trabajo está rebajando su calidad. Es, por ejemplo, el caso de los servicios públicos de Empleo (SEPE) que han asumido la nueva prestación de 426 euros para los parados de larga duración o, entre otras, la sanidad que, en cálculos del sindicato CSIF, ha perdido 40.941 empleos desde verano.
Así, desde CCOO exigen al Gobierno que se negocie un diagnóstico del empleo en la Administración General del Estado, que identifique las necesidades del personal en los distintos colectivos y que concluya con la aprobación de un real decreto ley que modifique los presupuestos.
Además, los sindicatos no olvidan que estamos en año electoral y, en este sentido, critican las prisas en la negociación para que el anuncio llegue apenas dos días antes de las urnas andaluzas, cuando el plazo se extinguía a finales del mes de abril.
Un 30% menos de poder adquisitivo desde 2010
El sector público acumula una pérdida del 30% del poder adquisitivo desde el año 2010. Fue entonces cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sorprendió con una bajada del 5% en sus nóminas. Tras abrir esta veda, los funcionarios han visto congeladas sus nóminas los cuatro años posteriores. Cogió el testigo Mariano Rajoy, quien también secundó la idea de dejar a 0 la tasa de reposición, salvo el 10% para determinadas actividades como las fuerzas y cuerpos de seguridad.
En el año 2012, Hacienda no pagó la extra de Navidad, si bien este diciembre les devolvió una cuarta parte de dicho montante, esto es, unos 300 euros. Además, en 2012 los funcionarios perdieron también tres de los seis moscosos y los empleados de más edad, los canosos. Al margen de los ajustes estatales, Andalucía, Cataluña y Galicia también han optado por recortar las nóminas de los empleados públicos autonómicos.
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